La construcción de proyectos inmobiliarios en ciudades regionales pueden resultar fundamentales para fomentar su crecimiento tanto en lo urbano como en lo económico. Sin embargo, previo al comienzo de las obras, si bien se debe cumplir con ciertos procesos y documentos, también existe el factor de que las y los vecinos del sector, los cuales, podrían estar en desacuerdo con su realización.
En ese sentido, debido a un recurso de protección presentado en la Corte de Apelaciones, esta última ha ordenado dejar sin efecto dos permisos de edificación para proyectos inmobiliarios en una reconocida ciudad turística del país. La financiación de la obra se encontraba cercana a los $41.700.000 de pesos y su interrupción se debería a actos ilegales realizados por la constructora.
¿En qué ciudad se interrumpió el proyecto inmobiliario?
La obra consistía en dos condominios llamados Miraflores I y II, llevados a cabo por la Inmobiliaria Los Milagros. Ambos se instalarían en el sector de Miraflores Alto, Viña del Mar y consistían en el levantamiento de cinco torres con 14 pisos, que contarían con capacidad para alojar 500 departamentos junto a bodegas y estacionamientos.
La disputa se dio inicio hace unos meses, cuando el Comité de Mejoramiento de Vivienda Navarino y vecinos del Condominio Mallén recurrieron a la Corte de Apelaciones de Valparaíso con la finalidad de detener las obras. En el recurso que presentaron, afirmaban que la constructora incurrió en actos ilegales y arbitrarios que afectaron su derecho a la vida y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, siendo ambas, garantías constitucionales.
Según el Diario Financiero, los vecinos detallaron anomalías como cambios en la condición de riesgo sin la existencia de un estudio formal, inadvertencias en la gestión de aguas lluvias junto con alteraciones topográficas en el lugar sin una justificación correspondiente. Así mismo, manifestaron que hubo una intervención realizada por la empresa que causó destrucción y desplazamiento en la flora y fauna, algo que, fue corroborado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf).
La constructora salió al paso de la situación y en respuesta, declararon que cuentan con todos los permisos solicitados para realizar los proyectos y reafirmaron que no se cometieron acciones u omisiones ilegales. También, declararon que se implementaron medidas de mitigación para reducir los riegos que provoque la construcción.
Ante estos antecedentes, la Corte de Apelaciones definió dejar sin efecto los permisos a ambos proyectos y le entregó la responsabilidad a la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Viña del Mar la decisión de mantener o invalidar las autorizaciones para la construcción del proyecto.
