Un drama inmobiliario es el que enfrenta el Grupo Biba en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana, por la paralización de seis proyectos habitacionales. Estos concentran un total de 4.000 departamentos que debían ser entregados desde hace casi cuatro años.
De ese total, 1.209 propiedades ya están terminadas. Las que faltan, quedaron a mitad de camino y en etapas tempranas de avance. Sin embargo, ni siquiera las ya listas pueden ser entregadas a sus propietarios.
Según consignó El Mercurio, el grupo exige a la Municipalidad que los edificios sean recibidos, pero hubo una modificación de los permisos para su construcción y la Dirección de Obras Municipales (DOM) no otorga las autorizaciones para su entrega, acusando a Biba de “incumplimientos normativos”.
¿Qué dijo el Grupo Biba?
El Grupo Biba aseguró que la Contraloría General de la República le dio la razón en que “las modificaciones de permiso para los proyectos Federico Scotto y Amengual se encuentran ajustadas a derecho y al permiso de edificación”. En ese sentido, la empresa acusó a la Municipalidad de negarse a acatar.
Esto ha causado que familias que ya compraron no hayan recibido todavía las viviendas que les corresponde, incluso, accediendo a créditos hipotecarios. Además, la disputa desencadenó problemas económicos para la inmobiliaria y el despido de 4.500 trabajadores.
La inversión total paralizada fue de 150 millones de dólares; sin embargo, los bienes sin vender, más intereses y lucro cesante ya representan otros 80 millones de dólares.
Disputa en Estación Central deberá ser resuelta por la Seremi de Vivienda de la RM
Lo que alega el Grupo Biba adicionalmente, es que los edificios iniciaron su construcción entre los años 2014 y 2015. En ese momento, la normativa permitían altura libre, sin limitar la cantidad de pisos.
Sin embargo, el proyecto inicial sufrió modificaciones que requirieron nuevos permisos, considerando cambios de altura y de la distribución del adosamiento. “Son esas modificaciones las que la Municipalidad no ha querido aceptar, pero los cambios en la estructura ya se realizaron”, advirtieron desde el grupo.
Ante toda esta situación, la última palabra la tendrá la Seremi de Vivienda de la Región Metropolitana. Esta ya hizo una consulta a la Contraloría. “Teníamos un permiso original que era ilegal (de cuatro proyectos). Estos fueron entregados con una ilegalidad normativa urbanística por la Dirección de Obras Públicas Municipales de la Estación Central entre 2016 y 2018″, advirtió la seremi, Carolina Casanova en diálogo con El Mercurio.
En ese sentido, sumó que “el permiso original no se condice con lo que se ejecutó, y en este terreno gris tuvimos que consultarle a la Contraloría, porque en estricto rigor, la ley que habilita construir edificios con este tipo de agrupamientos, no existe”.
“Como Seremi, no dictamos resoluciones de reemplazo, lo que decimos es qué debe hacer la Dirección de Obras, y ella obrará en consecuencia de eso”, sumó. La autoridad espera que la resolución sea emitida antes que termine este año.
