Esta semana se dio a conocer que el Consejo de Defensa del Estado, a través de su Procuraduría Fiscal de Santiago, presentó una querella contra siete exfuncionarios de la Municipalidad de Maipú, entre ellos, la exalcaldesa Cathy Barriga y en contra de quienes resulten responsables.
La acción penal se debe a la acusación de eventuales delitos de fraude al Fisco y falsificación y/ o uso malicioso de instrumento público falso, todos previstos y sancionados en el Código Penal, sin perjuicio de otros ilícitos que se acrediten durante el curso de la investigación.
La querella del CDE, interpuesta ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, se dirige nominativamente contra la exalcaldesa Cathy Barriga y los exfuncionarios municipales Ana María Cortés, Luis Japaz, Andrea Díaz, Bastián Báez, María Palma y Andrea Monsalve, quienes habrían participado en actuaciones ilícitas referidas a la gestión desleal del patrimonio municipal y/o de falsedades, ocasionado con ello un enorme perjuicio económico.
Según un informe de Contraloría, el organismo que defiende al Fisco acusa “una serie de actuaciones, maniobras ilícitas y delictuales realizadas durante la administración de la exalcaldesa de la comuna de Maipú, Cathy Carolina Barriga Guerra y los demás responsables que llevaron a dicho municipio, durante su periodo, a un déficit de, a lo menos $30.622.935.635, al mes de junio de 2021
De acuerdo con los hechos ocurridos durante la administración de la exedil, los imputados cometieron tales ilícitos utilizando mecanismos como la delegación de atribuciones, sobreestimación del presupuesto municipal y la adulteración de certificados de disponibilidad presupuestaria para realizar distintas acciones defraudatorias, aumentando así el déficit y generando un perjuicio a las arcas municipales, señala la acción del CDE.
Lo anterior, bajo el amparo de sus cargos de confianza, posición que les habría permitido evadir todo tipo de controles internos. Además, de acuerdo a los antecedentes recabados por la investigación penal, a la fecha, el perjuicio provocado al patrimonio municipal superaría los $30 mil millones.
