El Juzgado de Garantía de Copiapó ha decidido mantener en prisión preventiva a Luis Castillo Opazo, uno de los 13 condenados por el estallido social que fue indultado por el Presidente Gabriel Boric.
Castillo fue formalizado por secuestro extorsivo, robo con violencia con retención de persona y conducción de vehículo bajo los efectos del alcohol y drogas.
En la misma audiencia, una mujer de 18 años y pareja de Castillo, también fue formalizada por secuestro extorsivo y robo con violencia con retención de persona, quedando con prisión preventiva. A los cuatro menores detenidos en el hecho se les asignó arresto domiciliario y un plazo de cuatro meses de investigación.
Según la indagatoria, los imputados compartieron bebidas alcohólicas y drogas con la víctima, a quien luego secuestraron, golpearon y encerraron en la parte posterior de su vehículo.
Exigieron la entrega de 10 mil pesos para liberarlo y devolverle el vehículo. La víctima logró contactarse con su pareja y alertar a Carabineros, quienes liberaron a la víctima y detuvieron a los imputados.
Investigación de fiscalía
Según la indagatoria, los imputados compartieron bebidas alcohólicas y drogas con la víctima, a quien luego secuestraron, golpearon y encerraron en la parte posterior de su vehículo.
Exigieron la entrega de 10 mil pesos para liberarlo y devolverle el vehículo. La víctima logró contactarse con su pareja y alertar a Carabineros, quienes liberaron a la víctima y detuvieron a los imputados.
El fiscal Christian González ha afirmado que la Fiscalía investigó de manera objetiva y minuciosa todas las versiones en este caso, llegando a la convicción de que los hechos efectivamente ocurrieron, y todos los imputados participaron en ellos.
Se destacó que la víctima fue retenida contra su voluntad, golpeada, intimidada, y se le exigía dinero, así como también intentaban robarle el vehículo. La evidencia presentada en la audiencia, incluyendo audios, respaldó estos hallazgos.
El fiscal regional, Alexis Rogat, resaltó el trabajo serio, profesional y transparente de la Fiscalía y la SIP de Carabineros desde el inicio del procedimiento. Además, subrayó que la fiscalía tiene la misión constitucional de investigar todos los casos que constituyan delitos, independientemente de los motivos políticos que puedan existir detrás.
