Oscuro complot: delincuentes extranjeros apuntan a jueces y fiscales santiaguinos

La trama desvelada en una audiencia revela un inquietante plan del Tren de Aragua contra magistrados y persecutores de la capital.

Cárcel de Copiapó Imagen referencial. Créditos: ATON/Referencial (LUKAS JARA/ATON CHILE/LUKAS JARA/ATON CHILE)

En una audiencia relacionada con el crimen organizado a fines del pasado agosto, un imputado reveló un inquietante secreto. Aseguró haberse enterado, mientras estaba en prisión, de un plan concebido por miembros del Tren de Aragua.

Su objetivo no era otro que atentar contra jueces y fiscales con sede en el corazón de Santiago.

Los sospechosos del complot

Según la información revelada por el equipo de BBCL Investiga, el imputado identificó por apodos a tres venezolanos, miembros de la mencionada banda y con quienes compartía módulo en Santiago 1.

Estos individuos serían los cerebros detrás de la trama, buscando sicarios para llevar a cabo el ataque. Estos mismos sujetos están vinculados a la ‘Operación Apocalipsis’ (también conocida como ‘Operación Caracas’), relacionada con el secuestro y homicidio de al menos tres personas cuyos restos fueron hallados en Curacaví.

Reacción de las autoridades

La revelación, aunque aún por confirmar, ha causado un profundo malestar en el Poder Judicial y el Ministerio Público.

El juez que presidía la audiencia, consciente de la gravedad de la situación, no dudó en comunicar los detalles a la fiscalía.

Ángel Valencia, cabeza del organismo, confió la investigación al fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros. Barros es conocido por ser el encargado de investigar amenazas a figuras públicas de relevancia, especialmente tras los ataques al consejero constitucional Republicano Héctor Urban y su progenitor.

Medidas de seguridad reforzadas

Las asociaciones gremiales de jueces y fiscales, al ser informadas de la situación, han iniciado conversaciones para fortalecer las medidas de seguridad. Los propios organismos han adoptado precauciones adicionales para proteger a sus miembros. Mientras tanto, las identidades de los afectados e imputados se mantienen en estricta confidencialidad.