El Ministerio Público contabiliza 53 fundaciones, ONG o corporaciones indagadas durante dos meses en relación al Caso Convenios, concentrados en analizar diferentes acuerdos entre el Estado y las entidades comprometidas.
Este proceso en curso, ha generado la apertura de 23 causas por parte de Fiscalía Nacional, y abarca un amplio espectro de fundaciones que operan en diferentes regiones del país.
El director de Anticorrupción de Fiscalía, Eugenio Campos, declaró además que 47 fundaciones presentan patrones comunes de operación en torno a los dineros, argumentando que: “son organizaciones que impactan en alrededor de 20 carpetas investigativas, en las cuales, cada una de ellas dice relación con montos en que nosotros tenemos nuestro foco de investigación”.
Los montos de dinero que se investigan en torno al Caso Convenios
Actualmente, son 53 los procesos judiciales que se han ido sumando durante dos meses desde que Fiscalía inició la primera investigación en la región de Antofagasta y donde hubo un traspaso de $432 millones entre el Seremi de Vivienda y la Fundación Democracia Viva, el inicio del Caso Convenios.
El Ministerio Público ha estado examinando los convenios en busca de irregularidades y posibles malversaciones de fondos, con el objetivo de esclarecer cualquier posible acto ilícito y garantizar la responsabilidad de los involucrados en el uso de los recursos del Estado.
¿Cuál es el millonario monto que investiga la justicia a raíz del Caso Convenios?
El monto total acumulado en estos convenios asciende a $32.156.274.081, según la información disponible durante esta jornada, en relación a 40 transferencias desde gobiernos regionales y otras 24 transacciones desde reparticiones del Gobierno central.
Es importante recordar, que Fiscalía mantiene detalles de la investigación bajo reserva (en secreto) por lo que esta cifra podría ser aún mayor.
Este caso ha generado un debate público y político sobre transparencia y gestión de caudales públicos en Chile, elevando incluso serios cuestionamientos sobre el rol del Estado en materia de fiscalización con las diversas fundaciones vinculadas en irregulares convenios.
