A casi dos años de iniciada la investigación, informes policiales acreditaron que la excandidata a Gore del Frente Amplio, Karina Oliva utilizó la Fundación Chile Movilizado como “fachada” para triangular dineros que supuestamente gastó en campaña y así, poder defraudar al Estado.
Oliva declaró ante el Ministerio Público -en un interrogatorio que duró más de seis horas, en mayo de 2022- en calidad de imputada de fraude de subvenciones y junto a su abogado Juan Carlos Manríquez.
En la instancia intentó deslindar toda la responsabilidad de las rendiciones de gastos de campaña y solicitud de reembolsos al Servel en la figura de Martín Miranda Sepúlveda (quien cobró en primera vuelta honorarios por $15 millones), excompañero de filas en el Partido Comunes.
Los análisis y pericias dieron cuenta de que la ONG realizó informes idénticos de un estudio que ella y el Partido Comunes, en esa época, encargaron a la encuestadora Criteria.
Es decir, el Estado -a través del Servel- reembolsó $120 millones por servicios ideológicamente falsos, dinero que fue girado desde la cuenta usada para la campaña en “dinero en efectivo” y cuyo destino aún es desconocido.
A eso se suma un listado de boleteros vinculados a Oliva y al movimiento que -según una decena de voluntarios y profesionales que participaron en la campaña a Gore-, nunca realizaron las actividades declaradas ante el Servel. Incluso, como han logrado acreditar los investigadores, se usó como respaldo documentos falsificados del SII.
A poco andar, el equipo investigativo descubrió, además, la “doble militancia” de Martín Miranda. Junto con su rol como administrador electoral de Comunes y Oliva, obraba en paralelo como jefe de finanzas de Chile Movilizado.
El origen del Caso Fundaciones
Justo cuando han estallado una veintena de causas en el país en que se indagan millonarios recursos a fundaciones por parte de entidades estatales y que hoy remecen al Gobierno, el caso de Oliva, por su parecido en el método que se habría usado para defraudar al Fisco -con el uso de una ONG y dineros gastados en servicios no realizados-, avanza silenciosamente en lo que ya comenzó a denominarse en el Ministerio Público “el caso cero” que afecta al bloque hoy gobernante.
El total de dinero que Oliva pidió reembolsar en primera vuelta fue de $486 millones. Se quedaron cortos, declaró la candidata, pues señaló que con la cantidad de votos que obtuvo, a su juicio, “podríamos haber accedido a $680 millones”.
Otro de los testimonios que sustentan el control que tenía la candidata de los gastos de campaña lo entregó la coordinadora nacional de la “Plataforma de Feminismo Popular Poderosas”, Estefanía Campos.
“Ellos controlaban todo”
Campos explicó que en un momento empezó a haber roces con la candidata y su pareja -padre de su hija- y entonces presidente de Comunes, Jorge Ramírez. “Todo el mundo tenía muchos problemas de relaciones con Karina y con Jorge, por ejemplo, controlaban la imagen si uno podía cortarse el pelo o no, usar tatuajes o no, y era para todas las personas que iban a algún tipo de tareas dentro del partido”, recuerda.
Consultada por cómo se enteró de las irregularidades de los rendimientos de campaña ante el Servel, sostuvo que fue por la prensa. “Pero cuando escuchaba que todos decían que era culpa de Martín y no de Karina, de inmediato supe que era falso esto, porque Karina tenía un control de todo, ella sabía todo lo que pasaba, esperaba hasta la coma de los documentos, se preocupaba hasta de aspectos de nuestras vidas personales. Ellos manejaban todo, las cuentas corrientes, las decisiones y todo”, apuntó.
Quienes han accedido al expediente aseguran que el análisis realizado por Chile Movilizado y por el cual se pagaron $120 millones en tres facturas es idéntico al de Criteria.
Tanto así que hasta se mantuvo el color de los gráficos de “mapas de calor” en que se analizaba el perfil de los votantes de Oliva en medio de pegajosos jingles que decían: “Karina da la cara”. El único cambio en las láminas era un sello de agua de la ONG. Dichos documentos están siendo periciados por el equipo especial del OS-7 que indaga el caso para establecer el plagio y la inexistencia del servicio.
