Este viernes Daniel Andrade, exrepresentante legal de la Fundación Democracia Viva y expareja de la diputada Catalina Pérez, dio a conocer en extenso el detalle de los polémicos convenios firmados con la Seremi de Vivienda de Antofagasta los cuales destaparon el Caso Convenios que -desde que se conoció en junio pasado- ha dejado una serie de aristas e indagatorias abiertas en al menos 10 regiones del país.
En entrevista con Contigo en la Mañana de Chilevisión, Andrade explicó que los tres convenios cuestionados son de naturaleza distinta entre sí. “Uno es para construcción de vivienda y otros, para diagnóstico de la comunidad (...) En particular, los convenios a los que nosotros accedimos eran de levantamiento de diagnóstico, y el otro convenio era el acompañamiento y construcción de esta infraestructura liviana”.
Además, comentó que el proyecto de la fundación Democracia Viva se concibió en 2020, y estaba enfocado en la “participación ciudadana”, en tanto, la firma formal para darle forma legal fue en septiembre de 2021.
Poca fiscalización de parte del Estado
Los convenios suman un total de $426 millones según Andrade y contemplaban una duración de 12 a 16 meses. Uno de ellos, fue adjudicado en noviembre del año pasado, y la ejecución empezó en marzo. “Nosotros ejecutamos $131 millones a la fecha”, precisó.
“Para estos trabajos eran cinco o seis personas, a veces siete, con boleta, todo eso está respaldado”, y aclaró que “los gastos que hacía la fundación eran tutelados por el Serviu, que es un organismo técnico. Ellos autorizaron la construcción, las contrataciones”. Además, afirmó que “nunca nos pidieron boleta de garantía”, y aunque subrayó que ellos sí solicitaron boletas de garantía a las constructoras, “no fue algo que el Estado nos pidiera”, detalló Andrade.
Al ser consultado por el rechazo que hizo la Subsecretaría de Vivienda al recurso presentado por Democracia Viva y que los obliga a cumplir con el pago de $391.768.516, Andrade insistió en los reparos que ha planteado la fundación.
“El 29 de junio solicitamos el fin de convenio, ellos se demoraron dos semanas en respondernos. Después de eso, ellos hacen una liquidación, y nosotros no estamos de acuerdo con esa liquidación “creemos que es política, no técnica”. Esto, porque “nos dicen que, desde febrero a junio, había observaciones en las rendiciones, pero nosotros no tenemos esas observaciones, no las entregaron (...) Todavía no entendemos bien la posición que ha tomado el ministerio de Vivienda”, indicó el aludido.
El mea culpa de Andrade sobre el Caso Convenios
En la entrevista, el exrepresentante de Democracia Viva tuvo un mea culpa por el Caso Convenios. “Creo que ha sido un error gigante”. “Me trataron como el líder de una banda criminal. Yo no habría firmado esos convenios, fui imprudente en ese momento, y no medí los riesgos políticos”. En esa línea, profundizó que su expareja, diputada Catalina Pérez, “no influyó” en nada en el caso, e insistió en que “pequé de imprudencia”, añadió.
Sobre las críticas y los cuestionamientos que han atravesado al Frente Amplio y la “nueva forma” de hacer política que prometía la generación a la que pertenece, Andrade planteó que parte de ese discurso “era marketing”, e incluso se desmarcó de la frase del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.
“Yo creo que hay parte de los 30 años que sí fueron buenos”, pero criticó que “la educación sigue mal, siguen mal los colegios municipales”. “Yo sí creo que hay que demandar por la crisis que está viviendo la educación, y en general el Gobierno de Bachelet, de Piñera, la educación sigue siendo una deuda”, puntualizó.
Por último, reconoció que este Gobierno también sigue siendo una deuda, pero que “sigue siendo” su Gobierno e indicó que “ha sido difícil para el Frente Amplio gobernar”.
