Un recurso de amparo presentó la defensa de Jorge Escobar, quien es el único imputado en el caso de la muerte del menor Tomás Bravo, la cual tuvo lugar en febrero de este año en Caripilún, región del Biobío.
Esta medida busca evita que Escobar sea sometido a una extracción de pelo exigida por el Ministerio Público, prueba a la que el familiar del menor de edad fallecido se ha negado dos veces a realizar este examen en ocasiones anteriores.
"Lo que busca la defensoría es oponerse a una medida intrusiva que había solicitado el Ministerio Público dado que, desde el primer momento el Ministerio Público y las policías cuentan con todo el perfil genético de nuestro representado, para efectos de realizar todas las diligencias necesarias para acreditar su identidad y corroborarla con toda la evidencia que hoy existe en la investigación", señaló Cristian Sleman, jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional del Biobío.
"El Ministerio Público ha insistido y ha solicitado, a través de un juez de Garantía, la extracción de cabellos de nuestro representado para realizar una diligencia que a nuestro juicio no solamente es improcedente, sino que además no cumple los principios que establece la propia norma en cuanto a la necesidad y relevancia", señaló el abogado.
"Lo que se pretende en definitiva es realizar peritajes que en Estados Unidos están prohibidos por justamente declararse, en el ámbito criminalística, pseudo ciencia, que es establecer la identidad de una persona a través de la contextura morfológica de un cabello", complementó.
El propio abogado argumentó que, tanto los Departamentos de Justicia y el FBI, descartaron en el año 2015 este tipo de evidencia, debido a que era una de las principales causas de errores judiciales que llevaron a condenar injustamente a personas inocentes.
