La Corte de Apelaciones ratificó el procesamientos dictado por el ministro en visita extraordinaria, Mario Carroza, contra tres oficiales del Ejército en retiro por su responsabilidad en la sustracción o destrucción de archivos microfilmados de la Central Nacional de Informaciones (CNI), delito que habrían perpetrado entre 2000 y 2001 en la Escuela de Inteligencia del Ejército, en Nos.
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Cabe señalar que la CNI fue
uno de los organismos de inteligencia de la dictadura militar de Augusto Pinochet
,
que funcionó entre agosto de 1979 -sucediendo a la DINA, disuelta dos años antes- y febrero de 1990 y a la que se le han atribuido una serie de crímenes de lesa humanidad durante ese periodo.
En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros
Miguel Vázquez, Elsa Barrientos e Inelie Durán
– confirmó la resolución apelada, con declaración de que la ex
teniente coronel Mercedes Rojas Kuscevic
queda sometida a proceso en calidad de
autora del delito
. En tanto, la resolución mantuvo los procesamientos y grados de participación del
general en retiro y ex director de Inteligencia del Ejército, Eduardo Jara Hallad, en calidad de autor del delito, y del ex jefe del Estado Mayor, general de Ejército Carlos Chacón Guerrero, como encubridor
. Conviene recordar que en febrero de este año, el juez Carroza logró establecer que
durante los años 2000 o 2001
, en un día indeterminado, la entonces teniente coronel Mercedes Rojas Kuscevic, segunda al mando de la sección archivo del Departamento II de Contrainteligencia de la DINE, por instrucción del general Jara Hallad, habría procedido a revisar en forma aleatoria los antecedentes microfilmados pertenecientes a la CNI, que se encontraban en sus dependencias y bajo custodia del Ejército. Cumpliendo órdenes de su superior, Jara Hallad, la teniente coronel dispuso que el suboficial mayor Luis Zúñiga Celis y el cabo primero Osvaldo Ramírez Lazcano
trasladaran aquellos archivos de la CNI a la Escuela de Inteligencia del Ejército, donde fueron incinerados sin levantar las actas respectivas que ordenaba la reglamentación vigente
, un procedimiento irregular que se le habría informado al entonces jefe del Estado Mayor, general Carlos Chacón Guerrero.
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