Hasta el jueves de la semana pasada, el Tribunal de Disciplina recibió ocho denuncias que involucran a clubes de Ascenso. El objetivo es liquidar a los eventuales rivales en la lucha por perder la categoría. Unión San Felipe y Curicó Unido se enfrentan en una guerra fratricida, porque caer a la Segunda División es mucho más que una debacle deportiva.
En rigor, bajar a la 2D implica una catástrofe económica, que deja al descendido en una situación económica dramática, porque se queda sin los ingresos de la televisión (hoy más de 120 millones mensuales) y una catarata de obligaciones complejas de afrontar. La operación de los clubes repite buena parte de los requerimientos de la serie superior: mantener complejos, viajar, concentraciones, la planilla del plantel, arriendos para los jugadores, pero con recaudaciones escasas porque el interés del público decrece.
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Este panorama aterra a quienes están cerca del precipicio. No es casualidad que desde 2020 casi todos los torneos de Primera B se resuelvan en los tribunales del fútbol. Eso no es serio. Habla de una carencia de profesionalismo y daña la imagen de una actividad que resiste los embates de sus protagonistas.
El problema es que la ceguera y ausencia de cohesión institucional impide que los integrantes del consejo de presidentes de la ANFP reflexionen sobre el fondo del problema. Olvidan que a cualquiera le puede tocar, porque una campaña mala es una de las posibilidades de este juego. El punto es que esa deficiente actuación futbolística no implique una condena institucional.
Hoy los estatutos consagran el reparto de los dineros de la televisión, en una definición petrificada. Si existiera la mínima reflexión, sobre todo en los cuadros del ascenso, entenderían de que es necesario una reformulación del modelo actual, porque dispondrían de un seguro de vida cuando llega la malaria. Si todos estuvieran dispuestos a entregar una “colita” para ayudar al que baja o repartirla entre los 14 clubes de la 2D, descender sería solo una frustración deportiva y no una tragedia.
En el fútbol chileno jamás se puede dar algo por sentado, pero es posible que la tensión decline y nos evitaríamos estos papelones que afectan la segunda rueda de cada temporada.
La situación de Barnechea, impedido de jugar por incumplir con la Licencia de Clubes, es otra perla. Independiente de si resuelve sus problemas con la Tesorería General de la República y acredita que pagó y cumplirá con sus obligaciones con el Fisco, es innegable que el daño causado a la competencia es mayúsculo. Sus partidos frente a Recoleta, Rangers y Deportes La Serena fueron “cancelados” y no suspendidos. En ninguna parte de los estatutos, reglamentos y bases aparece el término “cancelado”. La gerencia de Ligas ya denunció el caso al Tribunal de Disciplina.
No sabemos qué pasará, porque la situación es inédita. Si se declara vencedor a los rivales de los “huaicocheros” la tabla de posiciones sufrirá una alteración con beneficiados y damnificados. Si se da la circunstancia de que Barnechea vuelve a competir y se resuelve que dispute los partidos “cancelados”, habrá un perjuicio para los que vieron alterado su calendario. En el cierre del torneo sobrecargaran su agenda.
Es hora de que el fútbol chileno reflexione y asuma que es posible vivir sin estos sobresaltos.