El arbitraje chileno está muy molesto con la columna “La justicia es ciega; los árbitros chilenos, también”, publicada la semana pasada. No le gustó al gremio referil -representado por el sindicato, en este caso- que las críticas se personalizaran, que a determinados jueces se les calificara -con mucha dureza, es cierto-, o que se les descalificara, según ellos. Parece que la directiva sindical prefiere que si hay que cuestionar a los afiliados, haya que hacerlo al voleo, sin nombrar a nadie, para que al que le quepa el sayo, que se lo ponga.
Arremetieron con una declaración atendible a sus propósitos. En ella se argumenta que el suscrito resalta lo negativo por sobre las “destacadas participaciones” que les caben a algunos jueces en competencias internacionales, que incluso los ha llevado a ser invitados a un seminario organizado por la UEFA, “como jóvenes talentos arbitrales”. Habrá que explicarles a los señores del sindicato que las columnas de opinión no están para hacer relaciones públicas, que aquello es atingente al área de comunicaciones de la ANFP o para los asesores externos del directorio.
Sigamos. Esgrimen los personeros gremiales que la opinión es desequilibrada porque solo se fija en los errores. Están en lo cierto. Al leer la columna, esto resulta evidente desde el primer párrafo. Pero quienes redactaron la declaración -que entre paréntesis no viene signada por nadie, solo como “sindicato”- omiten el fondo del asunto: que los árbitros imparten justicia. Particularmente en el fútbol, la justicia es de carácter retributiva y también restaurativa, o sea, castiga por acciones incorrectas y repara el daño causado por éstas a través de los cobros. En el texto que se cuestiona no se trata de juzgar si los árbitros chilenos son hombres buenos o ciudadanos ejemplares. Se subraya que la investidura de jueces deportivos los obliga a regirse por un reglamento y que, por la naturaleza del fútbol, la práctica y las circunstancias del juego, se sigue operando con una alta dosis de apreciación interpretativa. En otras palabras, con una subjetividad que empaña el espíritu de igualdad y transparencia.
En ese contexto, me pregunto: ¿En acciones de juego donde el criterio referil oscila entre fuerte o de excesiva violencia, leal o desleal, intencional o involuntario, cómo se dimensiona si la autonomía normativa del árbitro chileno es justa, ecuánime, descontaminada del entorno? La evaluación del observador o del comentarista sobre la conducta arbitral queda en un rango de absoluta indefinición, salvo que haya una consecuencia material, un daño cierto y objetivable, o que el autor de la acción admita la verdadera intención que tuvo su proceder sancionado. Ya sabemos que los futbolistas, en ese sentido, están completamente alejados de toda nobleza. En mi opinión, este fenómeno de indefinición hace que la mayoría de los referís nacionales tienda a favorecer a los clubes de mayor convocatoria, a los locales o a los que sus dirigentes hacen mayor ruido. Por eso, insisto, los árbitros chilenos son ciegos, selectivos, acortan su visión dependiendo de los actores a quienes les administran justicia deportiva.
Y aquí encadenamos con otro tema de fondo. La opacidad de la evaluación del cometido arbitral. El sindicato apunta en su declaración a que la ley laboral ampara al árbitro para que no se publicite información de calificaciones o sanciones por su proceder profesional. Efectivamente, la ANFP -en este caso la Comisión arbitral que encabeza Roberto Tobar- debe respetar, como todo empleador, los derechos a la dignidad, honor, vida privada y no discriminación del trabajador, en este caso, el referí. La cuestión es que tratándose de un individuo que cumple funciones públicas como ‘deportista’, es a lo menos discutible que el hincha -el consumidor que sostiene la actividad- no tenga acceso sistemático a conocer la evaluación del rendimiento de un sujeto que en la toma de decisiones muchas veces define el resultado y el destino de un club en una competencia. Si un árbitro obtiene una mala calificación en un partido, nadie racionalmente dirá que es deshonesto. Hizo, sencillamente, un mal partido. Como lo puede hacer un arquero que se comió un gol o un delantero que perdió un penal. El factor que distingue al árbitro del resto es que es el único que administra la justicia y que ahora, además, tiene un aliado tecnológico en el VAR que disminuye exponencialmente una eventual incompetencia.
La argumentación del Sindicato de Árbitros, a estas alturas, resulta retrógrada y poco transparente en cuanto a relevar la trascendencia de las funciones de sus representados. Da a entender que prefiere exponerlos, entonces, a la percepción ‘irresponsablemente’ atrevida -como se dice que es la de este columnista- o a múltiples interpretaciones dirigenciales o de aficionados, como que si no son FIFA, son jueces de segunda categoría, o que sus promociones responden a arreglos internos, favores, prestaciones o vaya a saber uno a qué razones. El tristemente célebre caso del “Club del Póker”, que toca tan de cerca a la autoridad arbitral, es un antecedente poderoso.
Hace ya mucho tiempo que esa suerte de ley mordaza revestida de “recomendación”, que desde la jefatura se les impuso a los árbitros para impedir que hablaran tras los partidos y que defendieran su cometido, juega en contra de los intereses del propio gremio. ¿Si un juez arbitró mal, se equivocó y fue determinante en el resultado, por qué no puede dar sus argumentos o reconocer su actuación? ¿Por qué se debe ocultar su posterior mala calificación escudándose en una interpretación de un dictamen de la Dirección del Trabajo? ¿No está dentro de las posibilidades equivocarse, como el propio gremio admite en su carta? ¿Y si cometió un yerro por desconocimiento del reglamento, por qué se le debe ocultar su ignorancia o negligencia y la ‘organización’ cubrirlo con el tupido velo del silencio? Más que protección de la dignidad, el razonamiento del gremio arbitral suena a encubrimiento.
Finalmente, la falta de fundamento o la tergiversación a la que alude la carta del sindicato, respecto de las personalizaciones que en la columna se hacen de varios árbitros son, indesmentiblemente, propias de otro debate... sobre libertad de expresión.
Un punto más. La celeridad de la directiva gremial para asumir la defensa corporativa es una muestra que hay inquietud por cautelar los intereses de los árbitros. Habría sido muy interesante una diligente reacción del sindicato tras la decisión de Tobar de acompañar y luego explicar por qué fue al estadio Monumental junto al secretario general de la ANFP, Jorge Yunge, para “charlar” con Aníbal Mosa, después que éste reclamara que a Colo Colo -supuestamente- los árbitros lo estaban perjudicando. ¿O quizás una posición ética frente a la independencia o la autonomía arbitral respecto de las presiones directivas no es un tema prioritario para el sindicato? Como sí lo es cada vez que hay que ir a tocarle la puerta a la directiva de la ANFP para negociar un merecido reajuste salarial o un incremento de los viáticos.
