En 2019, la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA) se fundó en virtud de los esfuerzos de Novak Djokovic y Vasek Pospisil, un jugador canadiense de 34 años, especialista en dobles, cuyo mejor ranking fue 25 en esa modalidad, en 2014. Aunque el serbio ex número uno del mundo y, para muchos, el mejor tenista de la historia, se lleva la figuración en la demanda contra las organizaciones del tenis mundial, es Pospisil uno de los principales autores intelectuales de la acción legal que podría modificar el escenario del deporte.
Prácticamente fuera del circuito esta temporada, Pospisil está dedicado a movilizar y defender a los jugadores y “luchar contra las organizaciones anticompetitivas que socavan sus derechos”, según establece el documento legal.
El martes 18 de marzo fue un día histórico para los tenistas agremiados. La PTPA y 12 jugadores, entre ellos Pospisil, Nick Kyrgios y Anastasia Rodionova, demandaron a las cuatro principales organizaciones de tenis: la Federación Internacional de Tenis (que regula los cuatro Grand Slams), la ATP y la WTA (que supervisa los circuitos profesionales de tenis masculino y femenino, respectivamente), y a la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (que regula el deporte).
En un caso que podría revolucionar a quienes administran el tenis mundial, la demanda “Pospisil et al. contra ATP Tour et al.”, fue interpuesta en el Distrito Sur de Nueva York, y se orienta directamente a las restricciones económicas que enfrentan los jugadores. La demanda define a las cuatro organizaciones como violadoras de diversas áreas de la Ley Antimonopolio, incluso actuando como cártel, para supuestamente suprimir las ganancias de los jugadores y otras oportunidades profesionales.
Precios manipulados
Una de las principales acusaciones es la manipulación de precios. Según la PTPA, las organizaciones conspiran para limitar los premios en metálico y las oportunidades de ingresos de los jugadores fuera de la cancha, todo de manera ilegal. Se les imputa que ejercen su poder de veto para bloquear medidas que aumentarían los premios en dinero.
Los demandantes ejemplifican este punto cuando en 2012 el multimillonario Larry Ellison intentó aumentar el premio en metálico del BNP Paribas Open en Indian Wells. El magnate quiso alzar el premio en 1,6 millones de dólares, con el objeto de “probablemente atraer a mejores jugadores, más socios televisivos y aumentar la venta de entradas y los ingresos por patrocinios en comparación con sus competidores”, según la demanda. La PTPA argumenta que la ATP temió que un aumento “presionara” a otros torneos a recaudar premios “por encima de la tasa anual acordada por el cártel”, y “la propuesta de Ellison fue rechazada”.
Esta negativa, según los jugadores, comprueba que los jugadores ganan menos de lo que el mercado les pagaría sin los límites impuestos por las organizaciones de tenis. Pero la demanda insiste en que no solo los jugadores son los perjudicados, porque de acuerdo a la PTPA se prohíbe a los torneos individuales “competir para atraer a mejores jugadores y a un público más amplio mediante premios en metálico más cuantiosos”.
La demanda considera que a los jugadores se les niega una parte justa de los ingresos. Y compara con otros deportes, donde los jugadores de las principales ligas profesionales de EE.UU. han negociado recibir aproximadamente la mitad de los ingresos, los tenistas, según el documento legal, solo reciben entre el 10 % y el 20 % de los 1500 millones de dólares en ingresos generados en 2024 por las entidades del tenis. Ingresos que incluyen la venta de entradas, los patrocinios, las ventas de eventos asociados y la difusión de contenido audiovisual.
Cesión de derechos
La demanda apunta a las normas que exigen a los jugadores ceder sus derechos de auspicios como condición para competir, y que a menudo hacen los tenistas, sin obtener compensaciones. Estas regulaciones, objeta la demanda, se presentan como un menoscabo de la libertad de los jugadores para contratar acuerdos de auspicios y patrocinios, ya que pierden el control sobre ellos y permiten a las organizaciones aumentar el valor de sus propios acuerdos comerciales con patrocinadores de cada torneo.
Otro punto de notoria diferencia es el de las cláusulas de no competencia y otras medidas que impiden a los tenistas jugar en competiciones externas. Según la demanda, las organizaciones de tenis aplican multas y castigos de suspensiones a los jugadores que compiten en torneos alternativos. La PTPA ejemplifica con las sanciones impuestas a los jugadores que se retiraron de los torneos de tenis. “En un ejercicio particularmente cruel de su poder sobre los jugadores”, dice el libelo acusatorio, “los demandados penalizan a los jugadores incluso cuando la ausencia se debe a una lesión, el nacimiento de un hijo o el fallecimiento de un ser querido”.
Suma y sigue: la utilización de los puntos de clasificación también genera cuestionamientos. Según los tenistas, el sistema de puntos es una “moneda anticompetitiva” manipulada para distorsionar la compensación de los jugadores y las oportunidades de patrocinio. La denuncia argumenta que el sistema “desvía a los jugadores de eventos alternativos” al otorgar únicamente puntos por la participación en los torneos organizados por las entidades demandadas. La acusación remarca que la ATP y la WTA han vendido derechos de patrocinio a los puntos de clasificación, incluso al cuestionado Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita.
Condiciones de juego inhumanas
No todo tiene que ver con mejorías económicas. Los demandantes critican lo que denominan “investigaciones abusivas y disciplina arbitraria”. Aquí es la ITA la imputada por participar en “procesos de investigación agresivos, implacables y, en ocasiones, ilegales”. La demanda acusa de haber sometido a los jugadores a “docenas de pruebas de drogas (tanto de sangre como de orina), registros invasivos de sus teléfonos celulares personales, interrogatorios de horas sin asistencia legal y acoso por parte de investigadores irresponsables y mal capacitados”.
En cuanto a la salud de los jugadores, la PTPA advierte que los jugadores se ven obligados a jugar en condiciones peligrosas, calor excesivo, como en Melbourne, que superaron los 48 grados Celcius durante el Australia Open, como también presentarse después de la medianoche en el Abierto de Estados Unidos.
Los jugadores que interpusieron la demanda se describieron como un “grupo diverso” de hombres y mujeres, “superestrellas consolidadas, veteranos y relativamente nuevos de todo el mundo”. En el tenis no existe una negociación colectiva, a diferencia de la NFL o la WNBA, lo que implica que las normas que restringen la compensación de los jugadores y otras condiciones laborales, son vulnerables a la revisión antimonopolio.
La demanda exige una indemnización por daños y perjuicios, incluyendo la restitución de beneficios, y una medida cautelar que obligue a modificar las reglas. Además, piden que su caso se certifique como una demanda colectiva de jugadores en situación similar, e incluiría a jugadores antiguos, actuales y futuros.
Si bien en EE.UU., las demandas antimonopolio prescriben a los cuatro años, por lo que entre los jugadores miembros de la demanda colectiva estarían aquellos que compitieron desde 2021, y los futuros jugadores se extenderían hasta la fecha de la sentencia definitiva del caso.
En las próximas semanas, las organizaciones acusadas responderán a la demanda y, probablemente, negarán cualquier irregularidad. También, adelantan, solicitarán la desestimación de la denuncia, argumentando que los jugadores aceptaron contractualmente las condiciones en cuestión. Esta es una defensa estándar en litigios comerciales y sostiene que una parte que acepta voluntariamente un conjunto de políticas comerciales y económicas no debería demandarlas posteriormente.
Otra posible defensa, dicen los expertos en este tipo de demandas, es que las organizaciones estimen que no han conspirado, sino que han implementado políticas independientes diseñadas para maximizar el atractivo del deporte para los medios que transmiten los torneos y los consumidores. Por ejemplo, las restricciones a la competencia externa no se explicarían necesariamente como una conspiración, sino que son garantías para la participación de ciertas figuras en torneos. Sin esas restricciones, las empresas de medios estarían menos dispuestas a pagar tanto por transmitir esos torneos. Ese tipo de defensa se ha utilizado en casos antimonopolio contra el PGA Tour y la NASCAR, por ejemplo.
