Días turbulentos atraviesa el Vélez Sarsfield de Gustavo Quinteros, que en lo deportivo goza de una levantada importante que lo tiene en los puestos de vanguardia en su grupo de la Copa de la Liga Profesional, pero que fuera de ella sigue salpicada por una delicada denuncia de abuso sexual.
Fue en el marco de la fecha 8 del torneo argentino que el Fortín visitó a Atlético Tucumán el pasado 1 de marzo y si bien en lo deportivo los del ex técnico de Colo Colo consiguieron un 0-0, fue allí donde empezó la debacle.
La acusación de una mujer, que consistía en haber sido abusada sexualmente en el hotel donde concentraba el equipo, estalló rápidamente e involucró a 4 jugadores que eran de consideración para Quinteros: Juan Florentín, Braian Cufré, Abiel Osorio y Sebastián Sosa eran los apuntados y allí comenzó un proceso que avanza raudo para encontrar justicia.
Las decisiones no tardaron en llegar por parte de Vélez Sarsfield, que decidió congelar el contrato de los 4 involucrados mientras dure la investigación y la conmoción pública se convirtió en indignación luego de que el abogado de uno de los denunciados decidiera culpar a la víctima por lo sucedido.
Lejos de todo eso, la justicia ya empezó a tomar decisiones, que impactaron rápidamente en Argentina, por un escándalo que ha llenado los portales noticiosos de la última semana.
Prisión domiciliaria para tres de los denunciados de Vélez Sarsfield
Así es como tres semanas después de que se habría el presunto abuso, la justicia argentina ya resolvió dejar en prisión domiciliaria a 3 de los 4 involucrados, que además serán monitoreados con tobilleras electrónicas, todo esto después de rumores que indicaban que el paraguayo José Florentín se había fugado a su país natal.
La medida deberá ser cumplida en Tucumán, norte de Argentina, pues allí se habría cometido el delito y el único que no tendrá esta medida será Sebastián Sosa, arquero del club de la V azulada y que fue quien estableció contacto con la periodista que terminó denunciando los vejámenes.
La investigación durará 90 días y las respectivas defensorías de los jugadores privados de libertad ya preparan los documentos para revertir las medidas cautelares.