Antes de iniciar la temporada 2015-16 del fútbol chileno, uno de los equipos más contentos era Deportes Puerto Montt. Los Delfines habían ascendido a Primera B y se preparaban tranquilamente para una temporada en la segunda categoría del balompié nacional. Eso, hasta que la ANFP les golpeó la puerta.
En Quilín le avisaron al conjunto sureño que si quería participar del Ascenso aquella temporada debía pagar la debida cuota de inscripción: 25 mil UF, es decir, unos 940 millones de pesos, o para que sea más claro, casi 1 millón de dólares.
Dicho dinero debía pagarse al contado, pero como tan solo un puñado de empresas en Chile pueden darse ese gusto, se fijaron 10 cuotas, según consigna el sitio Primera B Chile.
Ahora, casi 10 años después, Puerto Montt pide que se le devuelvan esos montos -ajustados a la UF de hoy-. Para ello, recurrió al Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), argumentando que “la institución fue directamente dañada deportiva y patrimonialmente por el ilícito anticompetitivo” que significa cobrar dicha cuota de inscripción.
Daños en el ámbito deportivo
Esto, asegura el club en su demanda, llevó al equipo a “tener una planilla de jugadores muy reducida, sin grandes referentes deportivos en las contrataciones, manteniendo una base importante del torneo anterior, renovando a muchos de aquellos que lograron el campeonato de ascenso, 15 jugadores en total e incorporando muy pocos nuevos y experimentados jugadores en esta nueva división, apostando a mantener la categoría y con eso ir logrando el equilibrio financiero que permitiera cumplir con los compromisos pactados”.
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Recordar que el TDLC ya había considerado estas cuotas de inscripción como “una barrera de entrada vulneradora”, lo que obligó a la ANFP a rebajarlas fuertemente.
Por último, otro argumento sólido de los puertomontinos es que jamás participó en la aprobación de estas cuotas de inscripción, ya que al ser un equipo de Segunda División, no tenía voz ni voto en los Consejos de Presidentes, donde solo participan elencos de Primera y Primera B.
En definitiva, lo que exige Puerto Montt hoy ante la Justicia es que se acojan todas sus partes de la demanda, y que se obligue a la ANFP a cancelar de vuelta esas 25 mil UF por concepto de Daño Emergente.
