El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago resolvió acoger la demanda presentada por el ex presidente de los árbitros, Javier Castrilli, en contra de la ANFP, luego de ser despedido el pasado 6 de abril por el bullado caso árbitros.
El argentino presentó una demanda por despido injustificado y vulneración de derechos fundamentales y daño moral, buscando una reparación por 1.140 millones de pesos. La notificación llegó el pasado 24 de junio a las oficinas del ente rector del fútbol.
Lee también: Solo un líder: Así quedó la Tabla de Posiciones del Campeonato Nacional tras la victoria de Huachipato ante O'Higgins
Después de 227 días la justicia resolvió darle la razón a Castrilli, a quien la ANFP deberá pagarle $122.136.685 por concepto de la indemnización contemplada en el artículo 489 del Código del Trabajo (11 remuneraciones) que es el máximo legal que la ley permite para estas materias.
"Se rechaza la excepción de finiquito, se acoge la demanda por despido injustificado y vulneración de derechos fundamentales. Se acoge la demanda por daño moral", sostiene el escrito dictado por Carmen Gloria Correa Valenzuela, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
El tribunal estableció que la ANFP "deberá publicar en un lugar visible, en todas las sedes a lo largo del país, un aviso que señale su respeto irrestricto a los derechos fundamentales, en especial de los derechos a la integridad física y psíquica, derecho a la honra y a la libertad de trabajo de sus trabajadores".
La magistrada Carmen Gloria Correa señaló que se acoge "el daño Moral, por lo que la demandada (ANFP) deberá pagar al actor la suma de $25.000.000 por este concepto. Se acoge parcialmente, el cobro de prestaciones, solo en cuanto se deberá pagar al actor la suma de $666.200, por feriado proporcional por 1.8 días".
Cabe recordar que Castrilli, que fue representado por los abogados Pablo Herrera Arriagada, Ximena bravo Cerda, Diego Sobarzo Ibáñez y Benjamín Calidonio Lira, fue cesado de su cargo, junto a Osvaldo Talamilla, tras conocerse los audios donde Francisco Gilabert "acusaba" presiones desde Santiago para intervenir en el mencionado duelo, lo que derivó en un paro de los árbitros y una investigación interna que no solo descartó lo hechos, sino que también le devolvió el trabajo a una serie de jueces que habían sido despedidos por el transandino.