El polémico Luis Hermosilla renunció a la ANFP justo en sus días más complicados

El abogado ya no es parte del Tribunal de Honor del organismo que regula al fútbol chileno,

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En el ojo del huracán está en el abogado Luis Hermosilla, a quien el Ministerio Público le abrió una investigación penal de oficio, luego de la publicación de Ciper, donde se reveló un audio que lo involucra en el pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero.

La noticia de forma indirecta afecta al fútbol chileno, debido a que el jurista era parte del Tribunal de Honor de la ANFP, donde compartía mesa junto a Soledad Alvear, Eugenio Evans, Marcelo Forni y Francisco Ceresuela.

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El trabajo de los mencionados era fallar cuando se les era requerido, sobre actos de faltas a la ética deportiva cometidos por dirigentes de la ANFP o de los clubes afiliados a ella.

Debido al caso en el cual se encuentra involucrado, Luis Hermosilla decidió dar un paso al costado en su trabajo en el organismo con sede en Quilín, el cual desempeñaba desde 2010.

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Según dio a conocer La Tercera, el abogado presentó su renuncia al Tribunal de Honor de la ANFP por “razones de índole personal”.

Ahora, al quedar el puesto vacante, será el Consejo de Presidentes el encargado de elegir al sustituto, en la primera asamblea que se desarrolle luego de la renuncia, según dicen las bases.

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¿Quién es Luis Hermosilla?

Abogado de profesión, Luis Hermosilla es además exalumno del Instituto Nacional, colegio en el que a los 14 años comenzó a militar en el Partido Comunista. En 1974 entró a estudiar Derecho en la Universidad Católica, donde conoció y forjó una amistad con sus compañeros de curso Juan Antonio Coloma y Andrés Chadwick, quienes serían presidentes de la FEUC y destacados militantes de la UDI.

Durante el Gobierno de Sebastián Piñera representó al Ejecutivo en una querella por hechos de violencia en la Región de La Araucanía, y en el caso Frontera Norte. Además, fue asesor del Ministerio del Interior durante esa administración y defendió a Andrés Chadwick en la Acusación Constitucional que lo destituyó del cargo por graves y masivas violaciones a los derechos humanos en el estallido social.

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