La violencia en los estadios es un tema muy seductor para las autoridades. Apenas existen desórdenes en el fútbol, se arremangan la camisa en La Moneda y el Congreso, golpean las mesas y con frases grandilocuentes anuncian medidas ejemplificadoras que permitan que las familias vuelvan a las canchas.
Los desmanes del último clásico entre Universidad de Chile y Universidad Católica en Concepción fueron un buen motivo. El Gobierno, el programa Estadio Seguro y la ANFP entablaron reuniones y esta semana el fútbol presentó una propuesta de seguridad de diez puntos, que van desde nuevas modificaciones a la Ley 19.327 hasta “planes de implementación tecnológica entre el Estado y las municipalidades” para los estadios.
El escrito plantea endurecimiento de las sanciones, mejoras en la normativa de seguridad privada y trabajo en conjunto con Carabineros, Estadio Seguro y las delegaciones regionales. Y una alianza con el Registro Civil para colaborar con los clubes en el reconocimiento facial de los malandrines.
“En la actualidad, el Registro Civil cuenta con las fotografías en alta resolución de todas las personas que han obtenido una cédula de identidad, con lo cual podríamos tener acceso de manera encriptada para hacer búsquedas de los asistentes que cometen delitos o faltas. Sabemos que debemos cuidar el tratamiento de las bases de datos y cuidado de éstas”, puntualiza la ANFP.
¿Por qué un ente privado -y sumamente cuestionado- podría disponer de esa información? En pedir no hay engaño, pero no parece muy acorde con los tiempos que se viven. Imagínese si un supermercado pide esos datos, o un político para una campaña. O si algún tercero vinculado al fútbol hace mal uso de ellos. Esperemos ver qué opinan los expertos.
La puerta giratoria de la Cámara de Diputados
Otro factor es el de la legislación. La Ley 19.327 ha sido objeto de numerosos cuestionamientos y anuncios de modificaciones. Sin embargo, las buenas intenciones terminan ahí: actualmente hay 22 mociones para cambiar la norma y tres de ellas se presentaron la semana pasada: una de los diputados Jorge Guzmán (Evópoli) y Erika Olivera (Demócratas), otro de Lorena Fries (Convergencia) y un último de Daniel Manouchehri y Daniela Cicardini (ambos socialistas).
Pero hagamos una raya para la suma. El archivo registra sólo dos cambios sustanciales en la polémica ley: el artículo 1 (derechos y deberes de asistentes y organizadores) en 2015 y el artículo 4 (control de armas y manejo de fuegos artificiales) en 2015.
El resto de las mociones ha quedado aparentemente en el olvido: endurecer sanciones contra violentos y organizadores, habilitar la suspensión de estadios, condenar el racismo y la xenofobia, que se aplique en el fútbol amateur, vetar a quienes cometieron delitos de alta connotación, favorecer el acceso a adultos mayores, personas con discapacidad y menores de edad y un largo etcétera. Varias se repiten, de hecho.
Con estos antecedentes queda en evidencia que el problema de la violencia en los estadios no está en la falta de palabras, sino que más bien en la real voluntad que existe detrás de ellas. Mientras tanto, la violencia sigue sin solución y los estadios, cada vez más vacíos. ¿Alguien quiere pensar en el fútbol chileno?
