Tanto los afiliados del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), como sus cargas agregadas a la cobertura, tienen la posibilidad de acceder a la Ley de Urgencia, un instrumento que establece que ningún centro hospitalario puede negarle a un paciente la atención médica de urgencia. Tampoco podrá exigir documento de garantía o cheque alguno.
Esta es una ley que alcanza también a todos los afiliados de una Institución de Salud Previsional (Isapre), y aplica -en ambos casos- cuando la condición física implica riesgo de muerte o secuela grave a la salud.
Esto debe ser certificado como una urgencia pública o privada donde afiliados de Fonasa y de las Isapres reciban la atención médica.
¿Cuáles son los requisitos para acudir a la Ley de Urgencia?
El instrumento legal está destinado a estos usuarios de la salud:
- Quienes son beneficiarios o carga, tanto el Fonasa como las Isapres, según el sistema al que pertenezca el paciente, pagan directamente al hospital o clínica cuando las atenciones fueron calificadas como urgencia vital o emergencia por el médico tratante, cobrando, posteriormente, al paciente la parte que corresponde (copago).
- Aquellos que se atiendan, deberán hacerlo en una urgencia certificada por el médico de la unidad de emergencia donde ingresó para la atención.
¿Qué cubre la Ley de Urgencia?
Como la Ley de Urgencia es viable solo cuando el paciente enfrenta riesgo vital de muerte o secuela funcional grave, esta cubre lo siguiente:
- Atención hasta el momento de la estabilización. Posteriormente es evaluado su traslado.
- Atención inmediata en situaciones de emergencia con riesgo de muerte o pérdida funcional de algún órgano. Además, cubre todo lo necesario para lograr la recuperación.
- No otorga gratuidad en la atención. Eso quiere decir que la persona debe hacer un copago o un gasto de su bolsillo.
- Al ingresar por Ley de Urgencia, Fonasa cubrirá todas las atenciones que sean necesarias para la estabilización y pagará la atención hasta ese momento directamente al hospital o clínica.
