El Municipio de Las Condes, liderado por Daniela Peñaloza, activó una nueva estrategia legal para evitar el pago de casi $10.000 millones a la Inmobiliaria Nueva El Golf. La deuda surge a raíz de la paralización de un megaproyecto de dos edificios en el barrio El Golf, que fue detenida en tres ocasiones, acumulando un total de 300 días.
Por lo anterior, la inmobiliaria demandó al municipio por “falta de servicio” y logró un fallo a su favor en primera instancia, exigiendo una indemnización que asciende a $9.400 millones.
El proyecto, conocido como Switch 345, contemplaba una inversión total de más de USD $105 millones y había avanzado más de 600 días de construcción cuando se ordenó su primera paralización en 2021.
Según la inmobiliaria, esta decisión generó “graves consecuencias operativas, contractuales, financieras y económicas”. La defensa de la empresa argumentó que la interrupción afectó significativamente su desarrollo, lo que motivó su demanda en los tribunales.
La acción del Municipio de Las Condes en su intento de evitar pagar la indemnización
Según consignó DF, el municipio presentó un recurso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional (TC), argumentando que la sentencia vulnera la esencia del derecho de propiedad pública. La defensa municipal sostuvo que la inmobiliaria no especificó claramente la “falta de servicio” imputada y señaló que la aplicación de ciertas normativas legales complicaba el cumplimiento de la sentencia mientras esta no fuera definitiva.
El pasado 6 de enero, el municipio ingresó al TC un requerimiento que buscaba invalidar la obligación de pagar la indemnización. Según su equipo legal, la solicitud de revisión es crucial para asegurar que los derechos de la municipalidad no se vean afectados de forma irreversible. Sin embargo, la inmobiliaria se opuso a la petición, argumentando que no existían fundamentos suficientes para suspender el pago.
La primera sala del Tribunal Constitucional resolvió tramitar el requerimiento y suspendió temporalmente el cumplimiento de la sentencia emitida por el 4° Juzgado Civil de Santiago. Paralelamente, la defensa municipal acudió a la Corte de Apelaciones, buscando la suspensión definitiva del pago mientras se tramita la revisión del caso.
