El estancamiento en las cifras de crecimiento que ha experimentado el país, como los irregulares números de la actividad económica mensual, están incidiendo también en algunas empresas chilenas, que en el último año han enfrentado dificultades financieras.
Este es el caso de dos compañías nacionales dedicadas al rubro agrícola, que han debido tomar una drástica decisión para evitar no poder cumplir con sus obligaciones, y de esa manera, enfrentar una indeseada quiebra. Ambas pertenecientes a la Región de O´Higgins, han debido solicitar su reorganización judicial.
Las dos empresas que pidieron reorganización judicial para evitar la quiebra
Olivar Export y Superfruta, superan pasivos en conjunto, que suman más de 15 millones de dólares (15 mil millones de pesos). De esta manera, el procedimiento judicial apunta a poder ordenar los compromisos económicos que tienen y poder mantener sus operaciones, indica Diario Financiero.
Oliver Export, que se dedica a la exportación de frutas, entre las que destacan cerezas, duraznos y ciruelas de origen, comenzó con sus problemas luego de la pandemia del covid-19, y pese a que el 2022 tuvo un repunte, en 2023, nuevamente vivió complicaciones.
De todas maneras, la firma expresó que su situación es reversible, pero que tuvo que solicitar la reorganización judicial para contar con mayor tiempo que le permita cumplir las obligaciones con sus proveedores, entre los que destacan Banco BCI y las empresas chinas Pomina Enterprise Co y Fresh Go Limited.
En tanto, Superfruta se dedica al packing de frutas que provienen de diferentes proveedores chilenos, entre los que destacan, justamente Olivar Export, cuya disminución de pedidos comenzó a generar una baja en los ingresos que incidió en la complicación para poder pagar sus obligaciones.
Pese a múltiples decisiones para intentar revertir la situación, la empresa informó que la reorganización judicial se hizo necesaria porque “se ha llegado a un punto en que se hizo imprescindible el respaldo de los acreedores”.
Entre estos últimos aparecen la Tesorería General de la República, Banco de Chile y Banco Consorcio, entre los que suman 6.770 millones de pesos en pasivos.
