La situación legal de Catalina Pérez, exdiputada y abogada de profesión, se torna cada vez más compleja al estar en el centro de la investigación del Ministerio Público. La fiscalía la indaga en relación con el manejo fraudulento de fondos y convenios entre Democracia Viva, la fundación que presidió hasta diciembre de 2022, y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
Las autoridades están rastreando sus cuentas corrientes, revisando sus teléfonos celulares y explorando sus contactos en el marco de la pesquisa que mantiene la tensión encendida en este caso que aún no tiene un cierre.
Los interrogatorios a testigos han revelado que dos asesores del diputado RD Jaime Sáez afirman que la parlamentaria se enteró de los convenios entre Democracia Viva y el Minvu en noviembre de 2022. Este dato podría ser crucial en el desarrollo de la investigación.
¿Qué ha pasado con Catalina Pérez?
Para comenzar es importante aclarar que, cuando estalló el caso el 16 de junio de este año y luego se abrió la investigación el 20 de ese mismo mes, ella era una testigo. Hoy su calidad es de imputada.
Inicialmente, la parlamentaria Pérez enfrentó cuestionamientos tanto por su relación sentimental con Daniel Andrade, representante de la fundación Democracia Viva, como por el hecho de que el exseremi Carlos Contreras había sido su jefe de gabinete entre 2020 y 2021. Estos vínculos personales y laborales han sido objeto de escrutinio en medio de la investigación.
A medida que avanza la investigación, la Fiscalía se ha centrado en determinar el grado de conocimiento que Pérez tenía respecto a los convenios entre la fundación Democracia Viva y el Minvu. En este contexto, se ha abierto una nueva arista relacionada con el delito de omisión de denuncia.
Esta arista se suma a las acusaciones originales de negociación incompatible y fraude al fisco, donde también figura como imputada la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas, quien pertenece a Revolución Democrática (RD), al igual que Pérez.
La interrogante clave en esta línea de investigación es la siguiente: ¿Por qué los funcionarios públicos no denunciaron un posible delito, considerando su obligación legal de hacerlo?
Las consecuencias actuales
La repercusión política del caso llevó a la suspensión de la militancia de la diputada Pérez en Revolución Democrática. Este proceso fue resultado de un juicio interno ante el tribunal supremo del partido, donde se le formularon cargos y tuvo la oportunidad de presentar su defensa, aunque no logró evitar la sanción.
La acusación se centró en la falta de información proporcionada por Pérez sobre los polémicos convenios de DV antes de que el caso se hiciera público.
En el marco de este juicio interno, Edson Dettoni, exsecretario ejecutivo de RD, destacó que no se trataba solo de hechos con características delictivas, sino de un juicio ético al liderazgo femenino más importante del partido.
Dettoni mencionó que Pérez no negó tener conocimiento general de los convenios y era consciente del riesgo político que podrían implicar. Además, señaló que su gabinete y personas en su territorio vinculadas a ella fueron las que alertaron por primera vez sobre la situación.
