La noche del recién pasado martes, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) suspendió al alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, por un período de 30 días, tras acoger un recurso presentado por seis concejales. La medida implica que el alcalde de Valparaíso, reciba solo el el 50% de sus remuneraciones y que no pueda ejercer los derechos y prerrogativas de su cargo durante el periodo de suspensión determinado por el organismo.
La sanción contra el edil porteño responde a una petición de un grupo de concejales de la comuna Puerto, quienes denunciaron una serie de hechos que habrían ocurrido en la Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social y un “notable abandono de deberes y/o contravención grave al principio de probidad” durante su primer periodo como alcalde, contemplado entre el 6 de diciembre del 2016 y 28 de junio del 2021.
La determinación del Tricel se basó en la consideración de que el alcalde “faltó a su deber” al no supervisar adecuadamente la Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social (Cormuval), a pesar de haber sido notificado de diversas irregularidades en dicha entidad. En cuanto al elemento de la reiteración, se llegó a la conclusión de que las irregularidades administrativas se dieron de manera frecuente y repetida durante el periodo de tiempo auditado, lo que constituye un factor relevante según la legislación aplicable.
El documento expresa la situación así: “Este Tribunal, conforme a la prueba aportada y apreciándola como jurado, tiene por acreditada la infracción ocurrida y, en su mérito, la falta de supervigilancia del alcalde respecto de la Corporación y de la Unidad de Control Municipal, de la entidad suficiente para configurar un abandono de deberes”.
¿Por qué lo suspendieron de su cargo?
La suspensión de Sharp se centra en las operaciones de dos establecimientos educativos municipales, el Liceo Técnico de Valparaíso y el Liceo Técnico Profesional María Luisa Bombal. En estos centros educacionales se encontraron irregularidades, como actividades ajenas a la enseñanza técnica y pagos improcedentes de bonos de producción a trabajadores.
El Tricel, basándose en la investigación de la Contraloría General de la República, encontró recursos que faltaban en los colegios y pagos indebidos, así como el uso inadecuado de un bus propiedad de la Municipalidad de Valparaíso.
El fallo señala que los colegios generaron ingresos por arrendamiento de espacios y realizaron actividades gravadas con IVA sin cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes. Además, se evidenció que no se rindieron a la Superintendencia de Educación los ingresos percibidos por los liceos en 2017 y 2018, junto con los gastos ejecutados con cargo a esos recursos.
Sanción “insuficiente”
El diputado Andrés Celis subrayó, en base a la suspensión, que la solicitud de los concejales para la restitución del alcalde se basaba en 17 puntos, de los cuales el Tricel solo aceptó uno, relacionado con la Corporación Municipal de Educación y Salud. “Se sustenta en las prácticas financieras cuestionables, en la operación de dos instituciones educativas técnicas donde se realizaban transacciones comerciales con alumnos que ofrecían servicios externos”, detalló.
El legislador calificó como “insuficiente” la sanción impuesta por el tribunal, haciendo hincapié en la cuantiosa deuda que enfrenta dicha corporación. “El Tricel fue demasiado permisivo al aplicar esa sanción”, acusó, anticipando que, una vez que el alcalde sea notificado, los concejales tendrán que votar para determinar quién ocupará el cargo durante el mes de suspensión. En cuanto al plazo, Celis comenta: “Me imagino de acá a dos semanas habrá un nuevo alcalde o alcaldesa que va a permanecer por un mes”.
Por otro lado, Tomás de Rementería afirmó que la suspensión indica que el alcalde debe revisar los procedimientos de la Corporación, recordando que esta arrastra una deuda desde la administración del UDI Jorge Castro.
“Uno puede tener opiniones divergentes sobre la gestión del alcalde Sharp, pero aquí se intentó un proceso legal que no tuvo éxito, lo que lleva a concluir que el alcalde no tiene responsabilidades de índole jurídica en este caso”, concluyó.
Cabe destacar que, aunque se constataron irregularidades administrativas que dan lugar a la responsabilidad administrativa de Sharp, el Tricel consideró que estas “carecen de la entidad suficiente para hacer procedente su destitución del cargo”, tal como inicialmente se solicitaba.
