La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados cuestionó la solicitud del Ejecutivo que busca una revisión a la conducta del juez de Garantía de Arica, Héctor Barraza, quien ordenó entregar el listado de testigos protegidos en la investigación del denominado clan “Los Gallegos”, uno de los brazos operativos del Tren de Aragua en Chile.
La jueza Mariela Hernández, presidenta de la asociación, aseguró que el gremio cree que “la decisión del Gobierno de remitir a la Corte Suprema los antecedentes que disponen sobre la decisión del juez de garantía Héctor Barraza, es una intromisión a la independencia de los jueces y las juezas en nuestro país”.
Hernández subrayó que las resoluciones judiciales pueden ser recurridas ante tribunales superiores, y es eso lo que ocurrió en este caso, por lo que la presentación del Gobierno no se justifica y que como se evidencia en este caso u otros, las partes han hecho uso de las herramientas que confiere la ley, por lo que estiman que el ejercicio de la facultad establecida en la Constitución en este caso, afecta notoriamente la independencia judicial.
La respuesta del Ejecutivo sobre el accionar del Juez Barraza
Este viernes 15 de septiembre. el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, afirmó que el juez de Garantía de Arica, Héctor Barraza, habría incumplido sus deberes funcionarios tras autorizar la entrega de nombres de testigos protegidos a la Defensoría Penal Pública, en relación a los imputados acusados de ser miembros del clan Los Gallegos, célula delictiva del Tren de Aragua que opera en el norte del país.
La determinación de Barraza fue echada por tierra por la Corte de Apelaciones de Arica tras dictar una orden de no innovar en relación al recurso de protección presentado por la Fiscalía Regional, el fiscal nacional, Ángel Valencia, ya había notificado la apertura de una investigación de oficio para esclarecer si se han cometido delitos relacionados con la entrega de información confidencial y el Presidente, Gabriel Boric, ordenó al titular de Justicia entregar los antecedentes a la Corte Suprema, la que podría sancionar al cuestionado magistrado.
En paralelo, el Juzgado de Garantía de Arica ordenó a los defensores penales públicos Rodrigo Torres Díaz, Ginger Riffo Gaete, Violeta Álvarez Ramírez y Renato Moscoso Lucero devolver “de forma inmediata” los antecedentes entregados por el jefe de Servicios de este tribunal el miércoles, instrucción que ya fue cumplida.
Por esta arista, se designó al fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, quien dirigirá la investigación y ejercerá la acción penal; en tanto garantiza la protección de las víctimas y testigos, en caso de ser necesario.
Hay en total 44 detenidos y 7 homicidios relacionados al Clan Los Gallegos que busca desarticular a una poderosa banda criminal, al tanto que los 56 testigos ya fueron reubicados.
