Martín Pradenas Dürr, quien fue condenado por siete delitos sexuales ejecutados contra seis víctimas entre 2010 y 2019, no podrá ser trasladado hasta la Cárcel de Valdivia.
Esto, luego que la Corte de Apelaciones de Temuco acogiera un recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública en representación del sujeto y ordenó a Gendarmería que permanezca en la cárcel de Nueva Imperial, Región de La Araucanía.
El recurso fue presentado en contra del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, que había permitido su traslado a la cárcel de Valdivia, Región de Los Ríos, tras ser condenado a 17 años de cárcel por sus delitos sexuales.
El tribunal de alzada de Temuco ordenó a Gendarmería que Pradenas permanezca en la cárcel de Nueva Imperial hasta que se resuelva el requerimiento presentado al Tribunal Constitucional (TC), que fue admitido a trámite.
Defensor penal: “Se han vulnerado una serie de derechos”
Al presentar el recurso de amparo, el defensor público Marcelo Pizarro dijo que el tribunal oral penal estimó que no le correspondía emitir pronunciamiento respecto a la decisión de Gendarmería de trasladar a Martín a la cárcel de Valdivia, “básicamente porque él tenía la calidad de condenado y, en consecuencia, este tribunal no tendría facultades para controlar esa decisión”.
En ese sentido, Pizarro señaló que “la Constitución establece que los tribunales tienen la obligación de emitir pronunciamiento respecto a las peticiones que se hagan dentro del ámbito de sus competencias, lo que entendemos no ocurrió, sin perjuicio que además se han vulnerado una serie de derechos”.
“Particularmente, el derecho a la protección familiar que exige que se adopten todas las medidas necesarias para que una persona que se encuentra imputada privada de libertad pueda mantener contacto con su familia, especialmente cuando existen menores de edad en ella”, precisó.
El 2 de agosto pasado, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el requerimiento presentado por la defensa de Pradenas, que busca anular la sentencia contra el condenado. Según lo informado por el TC, la Primera Sala estimó que el recurso “cumple los requisitos formales de la Ley Orgánica Constitucional”.
