Durante los últimos días, intensas críticas han surgido desde la oposición hacia la figura de Javiera Martínez, apuntándola como una de las funcionarias de Gobierno con mayor responsabilidad en el Caso Convenios.
Este escándalo político se destapó tras la filtración de una serie de casos de transferencias directas de parte del Estado a través de convenios millonarios a organizaciones sin fines de lucro, vinculadas a militantes de partidos del Gobierno.
Sin embargo, también se han sumado a la polémica autoridades de los Gobiernos regionales del Biobío, Los Lagos y del Maule, quienes están involucradas en las investigaciones por posibles irregularidades en estos convenios.
¿Quién es Javiera Martínez?
Javiera Patricia Martínez Fariña es la actual Directora de Presupuestos de Hacienda, y está siendo criticada debido a la flexibilización de las facultades presupuestarias de los Gobiernos Regionales en la normativa del Presupuesto 2023.
Martínez ocupa dicho cargo desde que comenzó el Gobierno de Gabriel Boric, en marzo de 2022. Además, es militante de Revolución Democrática, principal partido vinculado en el Caso de Democracia Viva que derivó en el Caso Convenios.
La mencionada “flexibilización de los presupuestos” contempla, entre otras cosas, eliminar el requisito de dos años mínimo para que las ONG consigan los fondos, además de crear una glosa presupuestaria exclusiva de los GORE, que antes se encontraba a cargo de Interior.
Sobre esto, un año atrás Boric había señalado que este cambio era “algo que va a tener un impacto en la calidad de vida de los habitantes de las ciudades, de los pueblos, de las localidades que cada uno de nosotros representamos”.
La férrea defensa del Gobierno
Desde el Gobierno, sin embargo, ha habido una fuerte defensa al trabajo de Martínez. El propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó el pasado fin de semana que ella es “probablemente, la mejor Directora de Presupuestos que hemos tenido, desde el retorno a la democracia”.
Por su parte la encargada de la cartera de Interior, Carolina Tohá, recordó que los casos en investigación se concretaron antes de la ejecución del Presupuesto 2023, y, por tanto, no alcanzarían a contemplar esta nueva normativa.
