Una demanda por tutela laboral en contra del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, presentó este domingo un funcionario del organismo que lo sindica como responsable de no garantizar las condiciones para que los observadores de las acciones de los agentes del Estado en contra de las personas, puedan realizar su labor.
Se trata de Harun Oda, quien en el escrito presentado en el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, RIT T-117-2022, sostiene que la autoridad no ha proporcionado los implementos y apoyo sicológico necesarios para que él y sus compañeros puedan constatar eventuales violaciones a los Derechos Humanos en episodios de violencia como los del estallido social del 18 de octubre de 2019 en adelante.
Detalló, por ejemplo, que las antiparras que utilizan para protegerse la vista no son aptas para evitar los proyectiles balísticos, carencia de zapatos de seguridad, nulo o casi ningún equipo para registro audiovisual de las condiciones en que se reprimían las movilizaciones y falta de equipos para la comunicación de los trabajadores del organismo.
A lo anterior, se suma la nula contención profesional para soportar el estrés producido por la extrema violencia a la que estaban sometidos los observadores de Derechos Humanos del instituto, y el daño que provocaba en ellos el levantamiento de testimonios de torturas físicas, sicológicas y sexuales que relataban las víctimas de la represión estatal.
Obstrucción a la investigación
Además de la tutela laboral presentada, Oda acusa a Micco de detener una investigación que busca dar con el paradero de un presunto detenido desaparecido de la revuelta, hecho ocurrido en la Región del Biobío.
Se trata del hombre de 55 años que padece esquizofrenia, identificado como Geraldo Monares Peña, cuyos familiares denunciaron que fue detenido por Carabineros en Hualpén, en el contexto de los enfrentamientos entre manifestantes y Fuerzas Especiales de la policía uniformada, pero que hasta hoy se desconoce su paradero.
Esto, enfatiza el libelo, a pesar de que en esta materia en particular el INDH tiene legitimación activa. Las razones, argumenta Oda, le fueron comunicadas por Carolina Chang en su calidad de Jefa regional de la sede Biobío.
El miembro del INDH afirma en su presentación que Sergio Micco instruyó no presentar ninguna acción judicial, "dados los efectos comunicacionales de comenzar a hablar de detenidos desaparecidos en medio de la crisis social".
Tras la denuncia de los familiares al INDH las indagaciones habrían sido frenadas con la sumatoria de la prohibición a los trabajadores del organismo de referirse al tema frente a los medios de comunicación.
Tampoco se habría investigado la composición y protocolo para la mezcla y utilización de gases lacrimógenos en el carro lanza aguas de Carabineros, a pesar de las denuncias que recibió el INDH, según la demanda de carácter civil.
