Pese a la oposición del Ministerio Público y tras acoger la petición del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el Juzgado de Garantía ordenó reabrir por 150 días la investigación del caso Joane Florvil, ciudadana haitiana cuyo fallecimiento conmocionó al país en 2017.
El caso se inició en agosto de 2017, cuando la mujer acudió al Departamento de Prevención y Promoción Comunitaria del municipio de Lo Prado a pedir ayuda porque su marido había sufrido un robo. Ella no hablaba español, por lo que dejó con el guardia a su bebé, quien intentó derivarla a otras dependencias mientras buscaba un traductor.
Ante esta situación la municipalidad dio aviso a Carabineros y la hija fue ingresada al Sename, mientras que Florvil resultó detenida por presunto abandono. Esa noche presentó problemas de salud y fue internada en la ex Posta Central. A un mes de su detención falleció y, en noviembre de 2017, fue sobreseída por presunto abandono.
Después de que se destapara el caso, la Municipalidad de Lo Prado fue condenada a pagar una multa a beneficio fiscal de 5 UTM ($251.860 al valor actual) y a capacitar a los funcionarios en atención de ciudadanos extranjeros que concurran a dependencias municipales.
En ese contexto, el INDH solicitó la reapertura de la investigación tras estimar que no se había tomado declaración a todos los funcionarios involucrados, pese a que la Fiscalía había dado la pesquisa por concluida.
Finalmente, el pasado viernes 23 de julio, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago accedió a la petición del INDH y ordenó que se determinaran los responsables que pudieran estar involucrados en el caso de Joane Florvil, con el fin de agotar la investigación penal y establecer eventuales responsabilidades penales.
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