Durante la jornada de este sábado, además de las diversas manifestaciones realizadas a lo largo del país en rechazo al asesinato a manos de Carabineros del comunero mapuche Pablo Marchant, miembro de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), los constituyentes representantes de los pueblos originarios se refirieron al hecho ocurrido este viernes en Carahue.
El asesinato de Marchant habría sucedido luego de que la policía repeliera un presunto ataque a una forestal, donde se habría herido a un trabajador, ocasión en la que un funcionario de Carabineros disparó y terminó con la vida del weichafe de 29 años en la Región de La Araucanía.
Al respecto, los constituyentes, liderados por la Machi Francisca Linconao y Elisa Loncon, presidenta de la Convención Constitucional, declararon en un comunicado que condenan "el asesinato del joven mapuche Pablo Marchant por fuerzas de Carabineros de Chile, compartimos el dolor y consternación del país, y enviamos nuestras sinceras condolencias a la familia, su comunidad y al Pueblo Nación Mapuche"
La misiva añade "Exigimos una investigación objetiva de estos hechos y hacemos un estricto llamado a los medios de comunicación social a esperar los resultados de ésta, por respeto a la familia de Pablo Marchant y a la verdad pública".
"Recién el jueves 8 de julio de 2021 la Convención Constituyente hizo un llamado a terminar con la represión a la protesta social, demandó la desmilitarización del Wallmapu para establecer condiciones de paz y privilegiar el diálogo político", señalan.
El comunicado continúa con que "los graves hechos conocidos el día de hoy hacen evidente la urgencia de que el país respete y repare los derechos políticos y territoriales del Pueblo Mapuche y de todas las naciones originarias, como una necesidad ineludible para el proceso constituyente de un Chile plural, de pueblos iguales en dignidad y derechos".
Finalmente, manifiestan que como constituyentes indígenas "reafirmamos la Declaración de la Convención Constituyente del 8 de julio 2021, y hacemos un llamado urgente al Gobierno de Chile y al Congreso Nacional a atender los requerimientos planteados en ella, pues buscan construir a un clima de paz y abrir un espacio de diálogo de buena fe, para construir entre todos y todas un Estado Plurinacional donde se respeten y garanticen los derechos humanos".