"Yo creo que estos delitos no están dentro de la reivindicación mapuche, no tienen que ver con eso", dijo este lunes el ex vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Víctor Ancalaf, respecto del doble secuestro y torturas contra dos hombres y el presunto homicidio de uno de ellos ocurridos a principios de junio en Collipulli.
El dirigente, cuya hermana María Ancalaf, fue detenida junto a su cuñado y sobrinos por su presunta participación en el inusitado hecho de violencia en La Araucanía, derivado de un robo de armas, se manifestó sorprendido con los antecedentes que han salido a la luz en la causa, por la que hay un total de 12 detenidos en calidad de sospechosos.
Los delitos se produjeron el pasado 8 de junio cuando un mecánico y su ayudante fueron en busca de una camioneta en el sector rural San Andrés, que era propiedad de la hermana del representante de la CAM, donde según el relato del que logró librarse, se apropiaron de unas armas abandonadas que después vendieron.
Ancalaf se refirió al rol de su sobrino, también hijo de su hermana, y último sospechoso de integrar la agrupación que habría actuado concertadamente para acometer los delitos señalados.
“No sabía nada”
"Yo no sabía nada. No sabía que estaban ocurriendo este tipo de cosas, en los vínculos que ella tiene con esa gente. Yo no sabía que ella vendía droga. Yo creo que estos delitos no están dentro de la reivindicación mapuche, no tienen que ver con eso", expresó.
Consultado sobre la internación de drogas en la zona, el dirigente indígena señaló que "eso es lo que hoy día debe investigar la policía la PDI, los jueces. Mi familia está muy triste por lo que ha ocurrido. Nadie sabía que mi hermana estaba vinculada a este tema", sobre todo porque otro sobrino quedó a su cargo tras la detención de su familia.
María Ancalaf, cuyo control de detención y formalización será este lunes, es la mayor de los ocho hermanos de una familia históricamente vinculada con las reivindicaciones territoriales en el denominado conflicto mapuche.
Según información extraoficial, la PDI contaría con osamentas y partes de un cuerpo de la presunta víctima, que están siendo periciadas por el Servicio Médico Legal (SML).
De comprobarse la participación de los detenidos en los macabros hechos, arriesgan penas que pueden llegar a los 40 años de cárcel por secuestro, apremios ilegítimos y homicidio calificado.
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