Este viernes, la bancada de diputados del PPD realizó esta jornada una presentación ante la Fiscalía Nacional Económica, instando al organismo a investigar una eventual colusión entre las empresas Gasco, Lipigas y Abastible, que se dedican a la venta de gas licuado de uso doméstico.
El oficio tiene por finalidad que la FNE pesquise la razón de los altos precios del gas en el último tiempo, y si esta es producto de un acuerdo entre los productores o un eventual reparto de cuotas de mercado, para ampliar su presencia y evitar la aparición de nuevas empresas.
Según la bancada PPD, esto tiene su fundamento en anteriores sanciones para estas empresas, ya que Lipigas fue multada en 2017 por incurrir en esa práctica en Perú, además de constatar un alza de un 14% en el precio del balón de gas durante este año, bordeando los $21 mil pesos en el de 15 kilos.
"Hay mucha preocupación ciudadana y múltiples denuncias por las alzas en el precio del gas licuado en nuestro país. Este es un mercado controlado por tres grandes empresas, Gasco, Abastible y Lipigas, y esta última fue investigada y sancionada recientemente en un país vecino por un caso de colusión. Queremos despejar dudas y evitar cualquier atisbo de abuso, y cualquier posibilidad de colusión o concertación de precios", señaló el jefe de bancada del partido, Raúl Soto.
Según el diputado, esperan que la FNE "descarte cualquier práctica ilegal, y en caso de que la hubiera, se abra una investigación que corrija y sancione a quienes correspondan", ya que "tenemos que proteger a los consumidores sobre todo a los sectores vulnerables y a la clase media, donde la pandemia ha causado estragos desde el punto de vista económico y social".
Asimismo, la diputada Cristina Girardi, sostuvo que las empresas de gas ya habían sido sancionadas por incurrir en el establecimiento de interlocking o directivas cruzadas en sus directorios, situación que no se investigó. Además de ello, manifestó que el alza en los precios impacta completamente a las familias de más esfuerzo y menos holgura económica.
"Los sectores más acomodados cuentan con red de tubería subterránea que otorga suministro de gas, siendo la población perteneciente a los quintiles más bajos quienes acceden a este servicio mediante cilindros desde distintos distribuidores. De hecho, en sectores rurales, la distribución de gas por cilindros es la única manera de contar con el servicio en los hogares. Si a ello le agregamos la libertad tarifaria con la que goza este sector, el riesgo de que estas empresas se puedan coludir perjudicando a la gente es mayor", dijo Girardi.
