Este martes, el 15º Juzgado de Garantía de Santiago admitió a trámite la querella interpuesta contra el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera (Ind.), y cuatro funcionarios municipales de la comuna, por los delitos de fraude al Fisco y de amenazas, acción presentada por el concejal Gustavo Toro (DC).
El documento acusó al jefe comunal de fraude, ya que habría pagado remuneraciones a funcionarios de alto cargo que no habrían trabajado, "además de dineros municipales destinados a un call center para campañas políticas".
En esta denuncia, además del alcalde Aguilera, Toro también incluyó a un funcionario municipal, quien habría asistido al alcalde en el proceso.
Asimismo, los otros trabajadores imputados en la acción, están incluidos en el cargo de amenazas a una funcionaria municipal. Los acusados habrían encerrado a la trabajadora para que hiciera llamadas en favor de la campaña política de Aguilera, además "la hostigaron a ella y a su familia para quitarle su teléfono, encerronas y amenazas a sus hijos pequeños, todo a raíz de ser acusada de que ella entregó la información a Ciper en su último reportaje".
"Al final, la terminan despidiendo después de ocho años sin dar ninguna explicación, humillándola y tratándola de lo peor", agrega la acción penal.
Por ello, la parte querellante del caso solicitó al tribunal que se oficie a la Municipalidad de San Ramón para que remita los antecedentes en torno a las funciones del call center, así como el reloj control de horarios para los funcionarios, antecedentes contables y otros ítems presupuestarios.
