El pasado domingo, salió a la luz una investigación periodística en la que quedó en evidencia la operación que involucra al Presidente Sebastián Piñera, con el empresario Carlos Alberto Délano -uno de sus mejores amigos- en la compraventa del proyecto de la Minera Dominga en las Islas Vírgenes, un paraíso fiscal.
La revelación surge de los "Pandora Papers", un trabajo realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en el cual se expuso a una serie de líderes mundiales que escondieron sus fortunas para evitar pagar impuestos.
En la investigación se revelaron 11,9 millones de documentos, los cuales dejaron expuestas a 27 mil sociedades creadas en paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos. En ellas, están involucradas diferentes figuras públicas, desde empresarios, gente del espectáculo, del mundo del deporte, hasta políticos, incluido el Presidente Piñera.
Pandora Papers: ¿Cómo involucran al Presidente Sebastián Piñera y a la Minera Dominga?
Específicamente, en relación al capítulo chileno estuvieron a cargo de la investigación los medios Ciper y LaBot -según consigna el diario El País de España- y en ella se expone que las familias Piñera y Délano sellaron la compraventa de la Minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.
Cabe recordar que este polémico proyecto fue aprobado en agosto de 2021 por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, a pesar de las críticas desde distintas organizaciones y sectores de la sociedad, debido al impacto negativo que tendrá en el medioambiente.
Según lo informado por los medios citados, la familia Piñera era en un principio uno de los mayores accionistas del proyecto con el 33%, y sumado al porcentaje de la familia del abogado Carlos Alberto Délano -uno de los principales involucrados en el financiamiento ilegal de la política chilena en el Caso Penta-, alcanzaban el 56%.
La venta del proyecto y un eventual conflicto de interés
En ese sentido, a fines de 2010, Délano compró por 152 millones de dólares el porcentaje de todos los socios, incluido el de Piñera, en una operación que se hizo con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de la divisa norteamericana.
La transacción se pagaría en tres cuotas: 106,8 millones en diciembre de 2010 y 21 millones en enero de 2011. Pero, la tercera quedaría pendiente para el 31 de diciembre de 2011, y tendría una condición: se realizaría únicamente si el Estado no declaraba reserva natural la zona donde se pretendía desarrollar Dominga. Piñera no promovió la protección ambiental de la zona, por lo que finalmente la tercera cuota se pagó.
Las respuesta de Piñera y Délano
Consultado sobre el tema, Piñera reiteró los argumentos esgrimidos por el Gobierno en una declaración en la que niega cualquier conflicto de interés, debido al fideicomiso ciego al que delegó el manejo de sus inversiones y bienes. Además reiteró que mucho antes de que asumiera su primer período se desligó de ellas para evitar este tipo de situaciones.
El gobernante sostuvo que esa información "es de público conocimiento" y que la indagatoria que se llevó a cabo entonces para establecer eventuales ilegalidades corroboró que no hubo delito, ni de parte de él ni de los miembros de sus familia, ya que "no tenemos sociedades de inversión en el extranjero".
En tanto, Délano indicó a través de un documento redactado por sus asesores que los gestores del fondo que originalmente era dueño de Dominga (el Fondo de Inversión Privado Latin Minerals) estructuraron la propiedad en Islas Vírgenes Británicas pues la idea original era venderla a compradores extranjeros
"Las sociedades de la familia Délano que adquirieron el proyecto Dominga cumplieron todas las obligaciones de declaración y/o pago de impuestos que eran aplicables a esa operación", expresaron.
Finalmente, sobre el pago de la última cuota, descartaron cualquier participación de Piñera con la operación. "La vinculación de alguna autoridad con esta materia, que insinúa su carta, constituye una especulación completamente infundada que –como es de público conocimiento- fue materia de una investigación del Ministerio Público que fue sobreseída definitivamente, con costas", explicaron.
