Una acusación constitucional que logre la destitución del Presidente Sebastián Piñera, es la que evalúan presentar legisladores de oposición, tras conocerse el reportaje que destapó las operaciones que éste y reconocidos líderes mundiales, artistas, deportistas e incluso delincuentes, realizaron en paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos.
La investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), denominada Pandora Papers, develó más de 12 millones de documentos que acreditaran diversas transacciones decenas de esas personalidades.
Una de ellas, según figura en el extenso artículo, fue la venta de las acciones por US$ 152 millones que el Jefe de Estado poseía en la Minera Dominga y que realizó mientras ejercía su primera administración en 2010 a su amigo y empresario Carlos "Choclo" Délano, conocido como financista de políticos en el caso Penta, y que se realizó en las Islas Vírgenes Británicas.
“El Presidente tiene que irse”
Esta información que fue desmentida por La Moneda, causó revuelo en el mundo político y sobre todo en el Congreso Nacional, donde legisladores de distintos sectores de la oposición, analizan la presentación de un requerimiento para poder destituirlo.
"Es lo más grave que ha ocurrido en este Gobierno. Creo que el Presidente tiene que irse. Voy a pedir la acusación constitucional, la voy a firmar con el mayor gusto en mi obligación moral a hacerlo", aseveró el diputado Jaime Mulet (FRVS).
La idea también fue propuesta su par del Partido Humanista, Tomás Hirsch, quien enfatizó que "estoy por una acusación constitucional contra Piñera. Evade impuestos en paraísos fiscales y vende con una condición que dependía de él como Presidente: que la zona no se convirtiera en reserva nacional. Eso se llama corrupción. No puede seguir gobernando".
En tanto, el diputado de la DC Gabriel Silber, advirtió que "es altamente grave que el Presidente Piñera haya sujetado la aprobación de un permiso ambiental a una operación económica de la cual participa o tiene interés de carácter directo, esto pone en entredicho la independencia de la autoridad del Presidente de la República".
“Desde la oposición vamos a pedir máxima transparencia respecto a las actuaciones del Presidente, su familia o quienes lo representan en cuanto al proyecto Dominga, y no nos vamos a inhibir de ninguna acción de fiscalización, ya sea desde una comisión investigadora o incluso analizar el mérito de una acusación constitucional”, añadió.
Mientras, el diputado Marcelo Díaz (IND), consignó que la revelación "confirma que el Presidente Sebastián Piñera usa la institucionalidad del Estado en beneficio propio, en este caso, para incrementar su ya abultado patrimonio, su enorme fortuna".
"Hace poco más de un mes se convocó a una sesión extraordinaria de la Comisión Ambiental de Coquimbo, precisamente para aprobar este proyecto, cuando no había ninguna necesidad, ninguna urgencia, y esto confirma que se hizo para favorecer directamente al Presidente de la República en términos personales”, complementó.
Asimismo, su homólogo Marcos Ilabaca (PS) apuntó a que "por el bien del país Sebastián Piñera debe aclarar los graves hechos que este reportaje denuncia. Eso implica que debe transparentar todo y cada uno de estos antecedentes. Utilizaré todas las herramientas que la Constitución entrega para perseguir las posibles responsabilidades", aseveró.
