Despachan al Senado proyecto que sanciona acoso sexual y violencia de género en educación superior

La Cámara de Diputados aprobó este jueves, y despachó a tercer trámite en Senado, el proyecto de ley que sanciona el acoso sexual, así como la violencia y la discriminación de género, en la educación superior.

La iniciativa había sido aprobada en general por la Sala de la Cámara Baja en diciembre de 2020, retornando a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, tras ser objeto de indicaciones que no fueron acogidas y, por tanto, se mantuvo el texto del primer informe.

El objetivo de la norma es promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, además de proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior, con la finalidad de establecer ambientes seguros y libres de este tipo de conductas.

De esta manera, la ley "reconoce y ampara el derecho de toda persona a desempeñarse en espacios libres de violencia y de discriminación de género".

La moción parlamentaria establece que los centros de estudios deberán contar con una estrategia de comunicación que garantice que las políticas, planes, protocolos y reglamentos sean conocidos al interior de las instituciones de educación superior, debiendo contar con unidades responsables de la implementación de sus protocolos y reglamentos sobre violencia y discriminación de género y, de forma separada, contarán también con una o más unidades responsables de llevar a cabo los procesos de investigación y sanción del acoso sexual.

En el texto legal, se entenderá por acoso sexual cualquier acción o conducta de naturaleza o connotación sexual, sea verbal, no verbal, física, presencial, virtual o telemática, no deseada por la persona que la recibe, que atente contra la dignidad, la igualdad de derechos, su libertad o integridad física, sexual, psíquica, emocional.

Se considerará también como acoso la creación de un entorno intimidatorio, hostil o humillante, que pueda amenazar, perjudicar o incidir en sus oportunidades, condiciones materiales o rendimiento laboral o académico; esto independiente de si tal comportamiento es aislado o reiterado.

Asimismo, el proyecto propone un protocolo para los organismos educativos que establece diagnósticos al interior de las instituciones, medidas dirigidas a prevenir riesgos y procurar espacios seguros, campañas de sensibilización de los miembros de la comunidad educativa, programas de capacitación, la incorporación de contenidos de derechos humanos, violencia y discriminación de género, en los planes curriculares y la introducción de políticas, reglamentos sobre violencia y discriminación de género en los procesos de inducción institucional.