El caso de una niña de 11 años que se encuentra embarazada luego de sufrir reiterados abusos sexuales por parte del padre de su padrastro en Bolivia, ha causado una gran polémica y discusión.
Este terrible caso ha abierto nuevamente el debate sobre la legalización del aborto en aquel país, entre quienes defienden el derecho de la menor de interrumpir su embarazo y, sobre todo, entre quienes lo rechazan.
Actualmente, la niña bordea las 21 semanas de gestación y recibe constantemente atención médica en un Centro de Maternidad en Santa Cruz, Bolivia.
El agresor es su abuelastro, un hombre de 61 años con quien la menor vivía, esto debido a que los padres de la niña se encontraban constantemente fuera de casa por razones laborales.
El hecho fue informado por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), en el municipio de Yapacaní y la denuncia la realizó una tía de la víctima, luego que la menor le comentó a una de sus primas que "sentía unos movimientos extraños en su vientre".
La Defensoría de la Niñez y otras organizaciones se encuentran gestionando los permisos para que la niña logre interrumpir su embarazo.
¿Qué sucede con el aborto en Bolivia?
En el país altiplánico el aborto es legal bajo ciertas condiciones de delitos de connotación sexual desde 1970. En 2014 un fallo constitucional permite la interrupción del embarazo con la fotocopia simple de la denuncia y el procedimiento informado de la víctima.
El artículo 153 del Código Penal de Bolivia, amplía las condiciones en que ya está permitido el aborto, que son violación, incesto, estupro, y riesgo para la salud de la madre; e incorpora la causal de malformaciones fetales incompatibles con la vida, reproducción asistida no consentida por la mujer, y en los casos que la embarazada sea niña o adolescente.
La directora de la Casa de la Mujer, Ana Paola García, entregó cifras alarmante recopiladas en 2020.
En Bolivia, casi 40 mil mujeres (39.999) menores de 18 años quedaron embarazadas en 2020, lo que da un promedio de 104 niñas por día, de las cuales 6 son menores de 13 años.
Según García, en este caso, en un principio, la madre solicitó la interrupción del embarazo acogiéndose a la modificación constitucional de 2014 que establece que una víctima de violencia sexual puede abortar sin necesidad de una orden judicial y al margen del periodo de gestación en que se encuentre.
Sin embargo, como suele pasar en casos de aborto, la Iglesia Católica quiso ser parte del debate e hicieron énfasis en que la menor debe seguir adelante con su embarazo. Mediante un comunicado, señalaron "¡El amor siempre vence! El aborto no es admisible".
Debido a las presiones eclesiásticas, la madre de la víctima decidió echar pie atrás y no quiere que su hija aborte. Sin embargo, se dio a conocer la voluntad de la niña: aseguran que no quiere ser madre, por lo que se le suministró una primera dosis del medicamento para interrumpir su embarazo, contó García.
Por su parte, la iglesia católica se ha comprometido a apoyar a la víctima y a su bebé, en caso de que el embarazo siga adelante. Finalmente, el agresor fue detenido y enviado al penal de Montero bajo prisión preventiva por seis meses.
