Marco Enríquez-Ominami, líder del Partido Progresista (PRO), pidió a la Corte de Apelaciones de Santiago que revise "de manera urgente" su recurso de protección en contra el Servicio Electoral (Servel) con el objetivo de presentar su candidatura presidencial.
A través de sus redes sociales, MEO manifestó que "hemos pedido a la Corte de Apelaciones que resuelva pronto la causa contra el Servel para recuperar mis derechos políticos y ciudadanos. Entendemos estamos frente a una emergencia sanitaria, pero en tiempos de democracia pedimos tener la posibilidad de elegir y ser elegido".
La necesidad de resolver pronto el conflicto, pasa porque el 23 de agosto de 2021 vence el plazo para estar en la papeleta de noviembre, ya sea candidaturas presidenciales, parlamentarios y/o Consejeros Regionales.
Investigación ligada a SQM
Enríquez-Ominami aún debe enfrentar un juicio por eventual fraude de subvenciones por el caso OAS. Según antecedentes de la Fiscalía, el exparlamentario fue formalizado por presunta facilitación en la emisión de 36 facturas ideológicamente falsas a SQM Salar, además de otras dos a Soquimich, por un monto que se acerca a los $420 millones.
En vista de ello, el tres veces candidato a La Moneda interpuso un recurso de protección, cuyo abogado afirmó que ME-O "no está condenado" y que la suspensión es por estar investigado por delitos que "merecen pena aflictiva".
La defensa indica que "desde hace más de 4 años que nuestro representado es objeto de una investigación penal por parte del Ministerio Público, por hechos que ocurrieron entre 11 y 6 años atrás y hace más de 2 años que se encuentra con su derecho a sufragio suspendido, sin que, a la fecha, éste haya sido sometido a un juicio oral".
Requerimiento ante el Tribunal Constitucional
De forma paralela, el líder del PRO presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, con el objetivo de impugnar la norma presente en la Ley 18.556 sobre el Sistema de Inscripciones Electorales y el Servicio Electoral que inhabilita la posibilidad de sufragio a quienes hayan sido acusados por delitos sancionados con penas aflictivas.
El escrito fue acogido a trámite y está a la espera de su revisión.
